Javier Laertes.- La autoridad estatal aún no cuenta con la comprobación de los recursos del orden de los 50 millones de pesos, que se aplicaron en la pasada administración para la remediación de planteles escolares afectados por los sismos de 2017, reconoció la titular de la Secretaría de Protección Civil Guadalupe Osorno Maldonado.
“Se comprobaron intervenciones por 50 millones de pesos en escuelas y hemos recibido el reporte que a pesar de que nosotros tenemos nuestros dictámenes de riesgo, esas composturas no han llegado a las escuelas”, dijo y adelantó que se reunirá con las autoridades de Espacios Educativos para analizar cada uno de los casos.
En entrevista hecha este martes la funcionaria estatal mencionó que se reportaron inversiones millonarias en obras de infraestructura educativa, sin embargo, es de forma individual lo que dificulta determinar el destino.
“Ver qué pasó con ese recurso, si se ejerció, de qué manera se ejerció y por qué no lo vemos en la mejoría de las escuelas; no sabemos –si se destinaron los 50 millones a las escuelas-, lo que recibimos son reportes individuales de algunas de las escuelas”, detalló.
Es por ello, que se desconoce al momento en que obras se aplicaron, así como también las cantidades específicas explicó la funcionaria estatal quien insistió es analiza este trabajo pues hay escuelas que señalan que a pesar de estar en el padrón no recibieron el apoyo.
Y es que puntualizó que se trata de recursos corresponden a partidas federales, que se destinaron a la entidad por medio del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
“Hemos recibido el reporte, lo tenemos. A pesar de que nosotros tenemos nuestros dictámenes de riesgo, que al final esas composturas no han llegado a todas las escuelas que estaban contempladas en ese padrón; sin embargo, se está analizando caso por caso, estamos trabajando coordinadamente con la Dirección de Espacios Educativos de la SEV y atender a las escuelas que están pendientes”, explicó.
Finalmente, afirmó que debe haber claridad en el tema y dar respuesta a los padres de familia para garantizar el funcionamiento óptimo de los planteles educativos.
