El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) determinó que el presidente municipal de Jalacingo, Roberto Perdomo Chino permanecerá inscrito durante 24 meses en el Catálogo Nacional de Sujetos Sancionados por Violencia Política en Razón de Género.

En la sesión del pasado 28 de agosto se acreditó que el funcionario municipal sí incurrió en violencia política en contra de la síndico dela ayuntamiento, Concepción Bandala Martínez.

De acuerdo a las resoluciones de los expedientes TEV/JDC/19/2023, TEV/JDC/26/2023, TEV/JDC/30/2023 y TEV/JDC/69/2023 asuntos en los que ya se había actualizado que el alcalde llamará a sesión de cabildo a la síndico, se repitieron las acciones del acto reclamado.

La ponencia estimó que se acredita la violación política en razón de género por parte del Presidente Municipal del Ayuntamiento en cuestión, “por tanto ante la actualización de esta conducta es dar vista al OPLE y al INE con la finalidad que incluyan al ciudadano Roberto Perdomo Chino por la temporalidad de 24 meses al Catálogo Nacional de Sujetos Sancionados por Violencia Política en Razón de Género”.

Durante la Sesión se declaró fundada la queja de la funcionaria municipal quien procedió a realizar la denuncia el pasado 20 julio en el que describió que el alcalde obstaculiza sus labores, además de dar a conocer que supuestamente su salario es menor al de otros funcionarios de esta alcaldía.

“Se le ordena citar adecuadamente a la actora a las sesiones de cabildo, mientras que al Ayuntamiento se le ordena modifique su presupuesto de egresos 2023 para que reajuste las remuneraciones de la actora y realice el pago retroactivo a partir de una modificación presupuestal con fecha 16 de junio”.

El pasado 25 de enero, la síndica Concepción Bandala Martínez, dio a conocer que procedió legalmente contra el alcalde Roberto Perdomo Chino, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y el tesorero municipal, Juan Pablo Becerra Hernández, por presuntos actos de corrupción, acoso y amenazas de muerte.

La funcionaria municipal explicó que hizo públicas denuncias de corrupción contra regidores y el tesorero municipal, por la compra de un terreno en litigio en la localidad de Xalame, para la construcción de un tanque de almacenamiento de agua potable.

A partir de este caso, supuestamente comenzaron las amenazas y posterior a ello, la violencia política en razón de género, por ello decidió interponer las quejas ante el Tribunal Electoral de Veracruz, donde se determinó que el alcalde incurrió en estos actos.