Noemí Valdez.- El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, José Manuel Pozos Castro, adelantó que analiza solicitar auditorías en tiempo real al actual gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, esto, luego de los señalamientos de mal uso de recursos públicos en dependencias como la Secretaría de Salud y de Seguridad Pública.
Luego de los señalamientos que se han realizado por la contratación de empresas para la compra y arrendamientos de patrullas para la Secretaría de Seguridad Pública y por la licitación directa a una farmacéutica señalada por irregularidades en Jalisco, el representante del Congreso reconoció que es ese poder legislativo quien tiene la facultad para pedir que se revise la asignación de contratos.
“El Congreso del Estado de Veracruz habrá de pedir no una, sino todas las auditorías que creamos que son necesarias y que podría haber dudas del manejo de los recursos”
Al respecto, el legislador dijo que se realizarán “todas las auditorías que sean necesarias” para descartar actos de corrupción.
Al ser cuestionado sobre la posibilidad de pedir la comparecencia del titular de la Secretaría de Salud, Roberto Ramos Alor, para que aclare el por qué se entregaron contratos por 36 millones 578 mil 757 pesos a la empresa Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud) propiedad del delegado del gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, el legislador de Morena dijo que primero se debe esperar el resultado de las auditorías.
“Desconozco qué motivos sean por los que se contrató a esa empresa, hasta donde estoy enterado es empresa es la única que tiene un tipo de medicamento y había que comprárselo, no lo estoy confirmando son versiones que he leído en diferentes medios».
Sin embargo, destacó que se debe analizar si la empresa cumple con las normas para poder ser la proveedora de los medicamentos.
En el caso de los medicamentos, aseveró que ya se están haciendo las investigaciones correspondientes para ver qué tipo de licitación se hizo, el sustento que tiene y por qué se compró a esa empresa.
Mientras que con Seguridad Pública se han establecido pláticas entre los responsables de la compra y arrendamiento de las patrullas y los diputados integrantes de la Comisión Permanente, quienes analizan los datos.
«Es nuestra obligación estar pendientes, atentos, es una acción que debemos estar interactuando con el Orfis para que se dé una acción coordinada. Estamos recabando la información correspondiente para analizar y ver qué procede, en el Congreso no vamos a solapar a nadie que tenga alguna acción irregular» concluyó
