La interrupción legal del embarazo es una opción garantizada por el Estado, por lo que el personal médico cuyas creencias religiosas sean contrarias a esta práctica deberá abstenerse de impedirla por cualquier medio, destaca la Iglesia Católica.

Asimismo, destaca que en caso de que la vida de la paciente corra riesgo, no podrá invocar a la objeción de conciencia para no atenderla.

Así se plantea en un proyecto de resolución presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Y es que dentro de las acciones de inconstitucionalidad que la SCJN discutirá sobre el tema de la interrupción legal del embarazo esta semana, se encuentra la 54/2018, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, contra la adición del artículo 10 bis, que se hizo a la Ley General de Salud en mayo de 2018, para permitir a médicos, enfermeras y personal técnico de salud abstenerse de intervenir en la interrupción de un embarazo, alegando razones éticas o religiosas.

El proyecto de resolución, elaborado por el ministro Luis María Aguilar Morales, reconoce a la objeción de conciencia como un derecho individual, pero que no puede superponerse al derecho a la salud y a la libertad de elección de la mujer.

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