Javier Laertes / EXCLUSIVA.- El mes de noviembre de 2024 se terminará de cubrir el crédito de mil cien millones para cubrir diversas responsabilidades, así como adeudos heredados señaló el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco quien afirmó que no se dejará deuda a la siguiente administración.

En entrevista el funcionario estatal puntualizó que este recurso se trata de un adelantó del 25 por ciento a Veracruz, de lo que es el Fondo de Infraestructura Social de los Estados (FISE), que funge como una fuente de financiamiento de pago.

“No pasa de esta administración, este crédito se termina en noviembre de 2024”, afirmó y explicó que el FISE es un recurso que otorga el gobierno Federal a las entidades federativas, el cual se reparte año con año, así está establecido en el proyecto de egresos de la federación y se otorga a todas las entidades federativas.

Explicó que, en el caso de Veracruz, se busca que los recursos que recibiría el estado de FISE de aquí al 2024 se adelante hasta el 25 por ciento, lo que representa mil cien millones de pesos, recurso que servirán para atender necesidades de infraestructura en zonas con un rezago social importantes donde afirmó que “el objetivo es abatir la pobreza”.

“Lo único que hacen es, que de aquí en adelante cuando la federación nos envíe los recursos de FISE ya solo enviarán el 75 por ciento, es decir, si cada mes el estado recibiría más o menos cien millones, ahora vamos a recibir solo 75 porque el otro 25 por ciento ya se nos adelantó ahorita, que es prácticamente el crédito que estamos pidiendo”.

Lima Franco explicó que la diferencia es que los créditos actuales con el sector bancario están respaldados con su fuente de pago que son participaciones, por lo que insistió, no se heredará nueva deuda.

“La deuda que tenemos con el sector bancario hoy en día llega en las participaciones del Estado, llega a un fideicomiso, el fideicomiso les paga a los acreedores, los bancos y de ahí nos mandan el dinero a nosotros”, puntualizó.

Recordó que el Congreso del Estado en el año 2019 en el mes de mayo aprobó este procedimiento, sin embargo, apenas se está emitiendo la convocatoria, contando con la autorización autorizada por la Legislatura en términos del Decreto 242 publicado en la Gaceta Oficial del Estado.

Reconoció que actualmente el proceso de contratación se encuentra bajo la licitación pública a diferentes instituciones de crédito que ofrezcan las mejores condiciones de mercado por la cantidad de mil 100 millones de pesos.

La convocatoria fue publicada en la Gaceta Oficial con fecha de 11 de septiembre de 2020 y las bases están publicadas en la página electrónica de la Secretaría de Finanzas, para que todas las instituciones financieras interesadas en participar tengan acceso a la misma.

Decreto del 22 de mayo de 2019

El decreto con fecha del 22 de mayo de 2019, se autoriza al Estado de Veracruz y a sus municipios, contratar créditos hasta por los montos que el decreto establece afectando como fuente de pago el 25 % del Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social municipal (FAIS), en sus dos componentes, municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FEDERAL (FISMDF) Y para las Entidades (FISE).

Es así que a través del Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación, se autorizó contratar crédito hasta por la cantidad de $1,540,476,477.40 y para el caso de los municipios del Estado en conjunto a contratar hasta por el monto de $5,185,237,221.00, con cualquier institución de Crédito o integrantes del Sistema Financiero Mexicano a tasa fija.

El Estado y/o cada municipio podrán contratar el o los financiamientos autorizados en el transcurso de los ejercicios fiscales 2019 y 2020, pero en cualquier caso deberán pagarse en su totalidad dentro del periodo constitucional de la administración que lo contrate, esto es, para el caso del Estado a más tardar el 1 de noviembre del año 2024, y para el caso de los Municipios a más tardar el 1 de noviembre del año dos 2021.

Para el caso municipal, deberán utilizar los recursos para realizar obras, acciones sociales básicas y/o inversiones que beneficien directamente a la población en pobreza extrema en sus territorios, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social con cargo al FISMDF como los son: agua potable, alcantarillado, drenaje, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, o infraestructura básica del sector salud y educativo.

Para el caso del Estado, con cargo al FISE: obras y acciones que se consideren inversiones públicas productivas.