El Gobierno del cambio se propuso y logró rescatar Veracruz, aseveró el Secretario de Gobierno Rogelio Franco, a comparecer ante diputados locales.

“Con apego a la ley, diálogo permanente y preservación del orden se recobró la paz, la gobernabilidad y se restableció el Estado de Derecho. La vinculación de gobierno y sociedad generó las condiciones para que los ciudadanos recuperaran la confianza en las instituciones públicas, favoreciendo la convivencia social con una agenda de gobierno que reactivó el desarrollo del Estado” dijo.

En su discurso, dijo que para enfrentar la crisis financiera y atender las necesidades más apremiantes, el gobierno implementó una administración pública con principios de austeridad, responsabilidad y transparencia que ordenaron el gasto.

“Han sido años de lucha decidida por la reconstrucción del Estado, por el rescate de las instituciones y la recuperación de la gobernabilidad en un pueblo donde la ley se había desvanecido. Hoy Veracruz está de nuevo en marcha. Es innegable que existen demandas estrictas de la sociedad hacia el gobierno; una sociedad que además exige a los gobernantes compromiso, conocimiento, empeño y mucha disposición. Solo así se le cumple a Veracruz. No hay otra forma de hacerlo”.

Para lograr consensos, el diálogo político es el mecanismo básico para resolver diferencias, sin dar paso a la confrontación y a la violencia.

En 2018, la Secretaría de Gobierno reafirmó los principios de trabajo implementados desde el primero de diciembre de 2016.

Prevaleció la apertura política, el diálogo y la concertación como premisas de solución de conflictos, sin consentir actos de presión o chantaje que quebrantaran el orden legal.

La gobernabilidad se preserva a partir de las capacidades legales, morales y políticas que le dan al gobierno autoridad para solucionar las demandas que se presentan.

El cambio en Veracruz es resultado de la transición del caos del pasado al restablecimiento de la gobernabilidad que hoy sustenta su desarrollo.

“Las puertas del Palacio de Gobierno se abrieron desde el primer minuto de esta administración. Anteriormente entrar era muy complicado. Se quitaron los candados y quedó atrás la intransigencia de funcionarios que temían al reclamo de los veracruzanos”.

La política de puertas abiertas funciona cuando el ciudadano encuentra respuesta a sus peticiones. Para ello, la oficina del Secretario de Gobierno implementó una dinámica de atención a los veracruzanos. En 12 meses hubo 4 mil 091 audiencias; mil 113 reuniones con representantes de organizaciones políticas, sindicales, de agrupaciones sociales e iniciativa privada.

Un principio de esta administración fue respetar el derecho de la población a expresar sus demandas sin afectar los derechos de terceros.

“En el pasado las protestas se resolvían entregando dádivas que representaban desvío de recursos. Este gobierno eliminó la práctica de entregar dinero en efectivo o subsidios a grupos y organizaciones. Como Secretario de Gobierno no firmé una sola minuta que comprometieran recursos públicos a cambio de complicidades. Se recuperó la confianza en los funcionarios, se plantearon problemáticas y propusimos soluciones conforme a la ley”.

La atención gubernamental redujo el bloqueo de carreteras, la ocupación de dependencias públicas y palacios municipales. “No tuvimos una sola oficina de gobierno del Estado que estuviera paralizada en su actividad. Hoy los ciudadanos transitan libremente sin el riesgo de quedar varados por horas en el camino, debido a protestas no atendidas”.

El cambio en Veracruz logró terminar con el abuso de grupos que se apoderaban de Xalapa y que desnudos, agraviaban obscena e impunemente a niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, con la complicidad de las autoridades.

Las casetas de peaje eran presa de grupos que realizaban cobros al margen de la ley. El gobierno del cambio dio fin a estos actos de anarquía. El primero de enero de 2017 se liberó el puente Coatzacoalcos I, que por meses fue controlado por diversos grupos, con afectaciones por más de 50 millones de pesos. Su desalojo inhibió este tipo de acciones que a la fecha no se han repetido.

“Se garantizó el libre tránsito de vehículos al evitar bloqueos de calles y avenidas frente a oficinas gubernamentales. Los ciudadanos dejaron de ser rehenes de inconformidades no atendidas. Hoy la avenida Enríquez de Xalapa se mantiene abierta y libre de protestas que tardaban varias horas todos los días de la semana”.

Además, se eliminaron las prácticas de chantaje, botín y dádivas pues ningún gobierno puede ser rehén de intereses particulares y comprometer los recursos públicos.

“Es el caso del manejo de la presa Yuribia que ponía en riesgo el abasto de agua para 800 mil habitantes de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque. Era un problema histórico que comprometió a gobiernos pasados a pagar 2.5 millones de pesos mensuales sin justificación legal. El gobierno del Estado eliminó ese pago. En cambio, se destinaron recursos para la construcción de la Clínica de Salud de Servicios Ampliados y el Boulevard de acceso a la cabecera municipal de Tatahuicapan que verdaderamente benefician a la comunidad”.

Finalmente, dijo que el gobierno no intervino en las elecciones, se respetó la autonomía de los órganos electorales; el gobierno no intervino en la vida interna de los partidos políticos, disminuyeron las impugnaciones y los conflictos post electorales.

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