Javier Laertes.- El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), asegura aún más evitar la corrupción con un Código de Ética que permita contar con personal altamente especializado, con profundas convicciones éticas y, especialmente, con vocación de servicio, en el marco de las revisiones que realiza de las cuentas públicas, destacó el Auditor del Estado Lorenzo Antonio Portilla Vázquez.

En el marco de su mensaje semanal, resaltó que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción estableció las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de la integridad en el servicio público, al publicar los Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Por ello los entes públicos están obligados a observar y aplicar los Lineamientos antes referidos, para sentar las bases de los principios rectores que regirán las políticas transversales, integrales, sistemáticas, continuas y evaluables que, en materia de integridad y ética pública, emitan los entes públicos.

“La función que realiza el ORFIS, al revisar las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables, ésta se lleva a cabo bajo los principios constitucionales de: legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. Por lo anterior, como Auditor General titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, considero que el comportamiento ético de las personas servidoras públicas del Órgano que represento, es un elemento indispensable en la reputación institucional y en la generación de confianza con los ciudadanos, con el Poder Legislativo al que nos encontramos vinculados; así como, con los Entes auditados”, explicó.

Dentro de los puntos que destaca el nuevo código, se señala que las personas servidoras públicas se conducen con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros.

Así como, ni buscan o aceptan compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización, debido a que están conscientes que ello compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio.

También los servidores públicos corresponden a la confianza que el Estado les ha conferido; tienen una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y satisfacen el interés superior de las necesidades colectivas por encima de 
intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población.

Así como también darán a la ciudadanía, y a la población en general, el mismo trato, sin conceder privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permiten que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva.

Dejar respuesta