FELIPE DE JESÚS FERNÁNDEZ BASILIO.- Mucho se dice que México (principalmente su parte sur) es un país en el que las inversiones no son seguras y eso se corrobora con gobiernos que no respetan las leyes y los compromisos existentes, de hecho todos los gobiernos de este país han querido hacer reformas a las leyes y a la constitución, ignorando olímpicamente que la mejor manera de generar seguridad jurídica y por tanto confianza para emprendedores e inversionistas es a través de tener leyes que sean prácticamente inmutables  y que además se cumplan y en caso de no hacerlo, se hagan cumplir de una manera firme y sin distinción respecto del infractor.

Ahora bien, para que se generen las condiciones que permitan alcanzar la seguridad jurídica resulta de especial importancia que las normas que se encargan de establecer los delitos y de combatir a los delincuentes sean cumplidas a cabalidad y si esto no sucede que exista un mecanismo eficaz para sancionar a quien cometa un delito.

Hasta ahí las cosas no pintan tan mal, ya que en México todo eso existe y para darse cuenta de ello basta con leer los artículos constitucionales en materia penal, los códigos penales, el nacional de procedimientos penales, las diversas leyes que se han creado para combatir delitos en específico o bien ver la inversión que se ha hecho en la creación y construcción de juzgados penales y hasta en la capacitación de jueces y personal especializados en la materia.

Es decir, en teoría tenemos un buen sistema de justicia penal y aunque últimamente han abusado queriéndolo parchar para ampliar el uso de la prisión preventiva, en general está bien diseñado.

El problema viene cuando esa teoría se vuelve práctica, porque salvo los casos políticos que son un circo que corre en otra pista, nos topamos con que casi nada de lo que está escrito tiene una utilidad real para la gente de este país y el principal problema está en los organismos que se encargan de procurar justicia, es decir las fiscalías.

Cualquiera que ha sufrido un delito o que haya sabido de un ser cercano que lo sufrió, se ha dado cuenta que pocas cosas en la vida hay más tortuosas que presentar una denuncia, han inventado tantos filtros para hacerlo que solo es posible llevarla a cabo con mucha perseverancia.

Sin embargo, esas trabas son solo el principio de una aventura llena de sinsabores y pérdidas de tiempo y de dinero para las víctimas que en la mayoría de los casos terminan por desistir de continuar con la investigación debido a la gran cantidad de excusas que los fiscales tienen para retrasar el avance de esas investigaciones.

Y es que el repertorio que éstos tienen para no hacer nada es tan amplio que bien se puede escribir una enciclopedia de muchos más tomos que la Espasa-Calpe o la Británica y así tenemos casos como: “se enfermó el fiscal y nadie puede ver sus asuntos”, “estoy lleno de detenidos y no me ha dado tiempo (aunque no se vea ninguno)”, “estoy de guardia y no he podido ver el asunto”, “se fue de curso o comisión y cuando vuelva puede buscarlo”, “acabo de regresar y no me he podido imponer de su carpeta” y así hasta el infinito encontramos casos de negligencia en el personal de las fiscalías.

Llegando las cosas al absurdo de que se presentan casos de delitos en flagrancia llevando detenido al que los cometió, tal y como lo establece la ley y con tal de no comenzar con los procedimientos que el caso amerita, liberan al delincuente y le dicen a la víctima que inicie una denuncia con todo y procedimiento de mediación incluido.

Siendo tan grave la situación que hay víctimas que llevan décadas esperando que su caso sea conocido por un juez y a eso se le llama impunidad y esa impunidad es lo más dañino que hay para cualquier país debido a que destruye la confianza en el Estado y por consiguiente ahuyenta emprendimientos e inversiones, ¡Quién va a querer hacer algo si en cualquier momento puede ser violentado y no va a poder hacer nada más que meterse en más problemas al poner su caso en conocimiento de un fiscal!

Y eso que en esta ocasión solo hablamos de negligencia, la corrupción es otra cuestión.

Y este problema no es nada nuevo, ya que al menos desde el siglo XX, la impunidad ha estado presente en este país; lo que sí es grave es que con la autollamada 4t en lugar de revisarse y componerse, como tanto lo pregonó el presidente en sus campañas durante casi 20 años, la impunidad se ha agravado hasta el extremo de la inoperancia casi total de las fiscalías, las cuales han quedado como meros apéndices de los ejecutivos capaces de crear de la noche a la mañana carpetas de veinte mil hojas para perseguir a científicos, porque el presidente así lo quiere, pero que no pueden integrar una carpeta relacionada a un delincuente capturado en flagrancia y con todos los elementos necesarios para llevarlo de inmediato ante un juez.

Así de deteriorada está la situación de nuestro México.

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Twitter: @FelipeFBasilio